Consultora ambiental Low Cost vs. Consultora ambiental Premium

 

Bajo el título de este post tratamos dos estrategias totalmente antagónicas fruto del ciclo económico en el que vivimos y que de partida no debemos relacionar con mayor o menor beneficio económico, y si con grado de responsabilidad profesional o ética empresarial.

Este post daría para una enciclopedia de 156 tomos, por eso hemos preferido centrarnos en algunos conceptos  básicos, aquellos que tenemos más claros, aunque no quedan por ello exentos de discusión y réplica, respuesta que siempre procuramos suceda cuando compartimos una opinión de manera serena con nuestros seguidores.

Tampoco queremos cuestionar las políticas estratégicas de cada empresa, entre las que es lícito que se encuentre el criterio de reducción de precios por debajo de costes, ya que es una práctica respetable, aunque quizás no deseable como línea recurrente o largo plazista, al igual que no debe entenderse el término low cost como peyorativo por definición.

El título e introducción son válidos para cualquier sector profesional  e incluso  son conceptos transversales que ya tratamos en anteriores posts como el de “compra responsable”, “el precio de un EIA” o “inteligencia ecológica”, y que en nuestro caso hemos visto conveniente tratar desde la óptica de la consultoría ambiental tras 16 años de experiencia.

En esta línea ya queremos adelantar que la sensación general del sector es de desaliento, o al menos la que detectamos en  foros y círculos profesionales.

Genera hastío ver que investigadores y consultores con probada solvencia elaboran protocolos, metodologías, guías y manuales de referencia para la elaboración de estudios ambientales que sirvan de base a empresas y administración, integrándose incluso alguno de ellos en pliegos y licitaciones por parte de los “beneficiarios finales”, para luego comprobar cómo se aplican o interpretan erróneamente, ya sea de forma inconsciente o deliberada, tanto por licitantes como por licitadores, haciéndose rebajas desproporcionadas en ofertas de servicios, generando comparativos con grandes diferenciales en precios y alcances, o simplemente no poniendo en valor el alcance real del trabajo a realizar.

Esto supone que quienes procuramos interpretar correcta y coherentemente los requisitos, sin ser tampoco “más papistas que el papa”, no somos capaces de cubrirlos debidamente a un precio competitivo, quedándonos fuera del mercado, o incluso en ocasiones generando desconfianza en el cliente, que ve desviaciones en los recursos más que significativas frente a ofertas “excepcionalmente competitivas”.

¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que haya empresas que oferten los mismos servicios pero a precios muy por debajo de coste suponiendo que conocen los detalles técnicos? Pues ocurre y es además habitual. De hecho, la situación se viene repitiendo desde la aprobación de las primeras leyes de evaluación ambiental, pero en los últimos años y debido a la crisis se ha agudizado hasta llegar a extremos escandalosos.

De hecho, hemos entrado en un periodo donde parece que en el terreno ambiental lo importante es cubrir el expediente sin importar la calidad de los resultados (“casi todo vale”) lo cual sería coherente si no hubiese unas reglas de juego claramente definidas, y no es el caso.

Mientras existe una clara tendencia a la excelencia en otros mercados, el ambiental se ha llenado de empresas ambientales que, sin cumplir unos requisitos mínimos de calidad y rigor científico-técnico, cuelan con facilidad y premeditación sus informes a los promotores y administraciones sin que tengan mayores consecuencias. Ser un fraude o estafar parece que sale gratis, o mejor dicho, sale a cuenta, porque no implica riesgo alguno, no hay repercusiones ni consecuencias. Y todo a pesar de que el artículo 16. de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental menciona específicamente que los autores deberán tener “capacidad técnica suficiente” y que serán “responsables de su contenido y de la fiabilidad de la información”. Nuevamente las leyes ambientales se quedan en papel mojado.

Ante situaciones como esta las consultoras profesionales, sus clientes responsables y los órganos ambientales rigurosos se encuentran en clara desventaja o difícil escenario en la toma de decisiones (oferta, contratación y validación respectivamente), quedando atrapados todos entre la espada y la pared:

• Si caemos en el círculo vicioso de bajar cada vez más los precios, las consultoras para poder seguir en el mercado y los licitadores para justificar su correcta gestión y criterio de austeridad, estamos entrando en un sistema en el que “vale todo” y el único criterio es el económico.

Esto garantiza al licitante la contratación de trabajos de escasa calidad y dudoso cumplimiento de criterios y plazos, aunque a un buen precio, y obliga a las consultoras a la pérdida de ética y rigor, o a la seguridad total de una quiebra y fracaso empresarial, pese a optimizar sus procesos, pues nadie da duros a cuatro pesetas (a lo sumo duros por duros). Entrar en este juego  también resta credibilidad y afecta negativamente a la gestión interna de sus recursos humanos, técnicos y económicos.

• Mantenerse firmes en la apuesta por el rigor y la optimización productiva siendo fieles a un valor curiosamente también de moda, el de la “excelencia”, y esperar que esta, tarde o temprano, sea recompensada o termine por ganar el pulso a la “low cost”, cuesta a muchos licitantes la presión de las administraciones o secciones económicas, que tan sólo contemplan el ahorro en la inversión inicial y no tanto en los evidentes beneficios de un trabajo bien hecho.

Esta segunda opción, si bien dignifica a la consultora, es más incierta, ya que mantener el precio para ofrecer calidad y ser veraz con lo ofertado puede colocarte fuera de las opciones de contratación si el universo empresarial que te rodea se ha alineado con el modelo low cost agresivo, que es lo que parece qué está sucediendo. Esto, a las consultoras con menos “riñones” o con una cartera de clientes menos comprensiva, es posible que les cueste incluso la supervivencia.

En este contexto hacemos recaer la culpa sobre algunas de las empresas que hemos llamado low cost, acusándolas de escasa ética, competencia desleal, baja calidad e intrusismo profesional (sin entrar en las razones que motivan esta actitud, ya que somos conscientes que una de ella puede ser la situación económica que atravesamos). Y si bien es cierto que este tipo de consultoras son los principales responsables de la situación, no son el único actor de la obra. En este caldo flotan más ingredientes. Y es que los promotores, pero sobre todo las administraciones ambientales, juegan un papel importante en la receta.

Los promotores y empresas comparten  responsabilidad en la fuente del problema, fundamentalmente por admitir ofertas sin parase a evaluar sin realmente cubren los requisitos mínimos o si están recibiendo lo que realmente han licitado y pagado. Aunque es cierto que, en la mayoría de las ocasiones, estos promotores no son especialistas en la materia, y precisamente ejecutan la contratación para delegar en una consultora que se supone profesional,  la tendencia a reducir el gasto optando por el mejor postor que cumpla con los trámites, hace que sean cómplices de esta situación. En este sentido, recordar que las normativas ambientales no les eximen de presentar trabajos fiables y rigurosos. Su responsabilidad, aunque menor, existe y debería ser asumida con normalidad y de forma generalizada.

No obstante, a nuestro entender, la clave, que no acusación libre de autocrítica, se encuentra en la tercera pata del banco: las administraciones u órganos ambientales.

Son ellas las que tienen la obligación de velar por el cumplimiento de las leyes y por tanto de que los trabajos derivados se ejecuten de acuerdo a la norma. Los técnicos ambientales deben disponer del suficiente conocimiento, celo profesional y herramientas como para saber distinguir el grano de la paja y así poder rechazar todos aquellos trabajos fraudulentos o de escasa calidad, que no aportan la información necesaria para evaluar adecuadamente los proyectos. Sus actuaciones se deberían fundamentar siempre en la rigurosidad y exigir que todo estudio esté convenientemente argumentado y referenciado, con los esfuerzos bien definidos y justificados, y las metodologías basadas en el conocimiento científico del momento. Asimismo, los datos aportados deberían ser escrupulosamente revisados y cotejados para poder definir con precisión si lo que se presenta se ajusta al esfuerzo realizado y, sobre todo, si cubre las necesidades de información exigidas. Las administraciones, y los técnicos que las componen, han de ser el filtro principal para evitar las farsas, pues son las que finalmente aprueban los estudios y no están sujetas a los vaivenes del mercado ni, en principio, a ningún otro tipo de presión externa. Desgraciadamente no siempre es así, al igual que no siempre el motivo de esta merma es la falta de dotación presupuestaria.

Pero es que las administraciones públicas, por su doble condición de auditor y comprador, deberían ser las primeras en dar ejemplo cuando contratan, y desgraciadamente parece que la tendencia en el sector público también es al “low cost” más agresivo, con algunas licitaciones públicas cuyo única valoración prácticamente es la económica, con definiciones y criterios técnicos que en muchos casos son laxos, o con escasos medios para el control y seguimiento del cumplimiento de lo contratado o donde la “baja temaeraria” ya no se penaliza.

Al final los  principales perjudicados son las empresas profesionales (consultores y promotores), los técnicos que las conforman,  la calidad de la gestión de nuestro medio ambiente y por extensión y ante todo el MEDIO AMBIENTE. La toma de decisiones a partir de información de escasa calidad y la desprofesionalización de la consultoría implica estrategias erróneas, despilfarro de dinero público y privado, pérdida de puestos de trabajo y descrédito general.

Las soluciones no son únicas ni sencillas pero sí posibles.

1. Por un lado, los promotores deberán hacerse responsables de lo que presentan, tal y como exige la ley, y no parapetarse en el desconocimiento y la delegación de funciones. Son sus proyectos y tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la norma y al mismo tiempo ser éticos, especialmente en un mundo empresarial donde cada vez pesan más conceptos como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
2. Al mismo tiempo las consultoras ambientales tendríamos que hacer frente común al intrusismo laboral y a las empresas fraude (tanto pequeñas como grandes) que, añadiendo el término medioambiente a sus servicios, socavan la credibilidad del resto y hunden el mercado con productos de mala calidad. La creación de colectivos profesionales o de criterios baremados de calidad podría ser un buen inicio.

Todo ello sin olvidar que igual de importante es el objeto de nuestra actividad medio ambiente) que gestionarla bajo un modelo y plan de negocio rentable y competitivo, haciendo hincapié en la mejora continua de cara a ofrecer al cliente siempre la mejor relación calidad precio posible o asistencia óptima (empleando mejoras de la productividad, trabajando la innovación, etc..) .

1. Finalmente, y probablemente la pieza principal en la solución de este problema, están las administraciones, que deben mejorar los sistemas de control, siendo exigentes y profesionalizando aún más a su personal, de manera que se establezcan filtros de calidad lo suficientemente robustos como para que los estudios deficientes no se den por válidos; al igual que dotarla de medios económicos, técnicos y humanos que lo hagan posible.

Se trata, por tanto, de un triángulo formado por consultoras, administraciones y promotores, cada uno con su grado de implicación y responsabilidad, y donde aún hay mucho que decir y más todavía por hacer; empezando por nosotros mismos, por ello este post y nuestra voluntad de mejora de la mano de herramientas como un plan estratégico.

Creemos que la solución solo vendrá de un dialogo constructivo donde participen todas las partes implicadas y de lograr que la “responsabilidad” forme parte de nuestras decisiones. Un diálogo que a día de hoy es muy tímido, y con el que tenemos que ponernos cuanto antes si no queremos que el problema se haga irreversible o tendamos a un modo “Low cost crónico extensivo” no acorde con los principios de evolución por los que en realidad todos apostamos.

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