Centros de datos

Depende de sus características y de la normativa aplicable en cada comunidad autónoma. En España, los centros de datos no figuran expresamente entre los proyectos sometidos de forma general a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Sin embargo, en la práctica muchas administraciones están requiriendo estudios ambientales debido a las instalaciones auxiliares que suelen acompañar a estos proyectos, especialmente los grupos electrógenos de respaldo y los depósitos de combustible asociados, cuyo potencial impacto en materia de emisiones atmosféricas, ruido, almacenamiento de sustancias peligrosas y riesgos ambientales exige un análisis específico. Además, pueden ser necesarios otros estudios cuando existen infraestructuras asociadas como subestaciones eléctricas, líneas de evacuación, captaciones de agua o vertidos. Por ello, resulta recomendable realizar una evaluación ambiental preliminar desde las primeras fases del proyecto para identificar condicionantes, reducir riesgos regulatorios y facilitar la obtención de autorizaciones.

En la práctica, sí. La superficie ocupada y el volumen de movimiento de tierras llevan a que las administraciones competentes en patrimonio exijan prospección arqueológica previa y, con frecuencia, sondeos valorativos y control arqueológico durante la obra. La competencia es autonómica, por lo que el alcance exigido y los plazos varían de forma significativa entre comunidades.

Como regla general, el órgano ambiental autonómico, salvo que la competencia sustantiva sobre el proyecto o sobre alguna de sus infraestructuras corresponda a la Administración General del Estado, supuesto en el que la evaluación se sustancia a nivel estatal. La habilitación urbanística sigue una vía autonómica y municipal propia, coordinada pero distinta del trámite ambiental.

Son procedimientos distintos y encadenados. La habilitación urbanística del suelo, mediante proyecto de actuación especial, proyecto de interés general u otras figuras según la comunidad autónoma, se resuelve normalmente después de la resolución ambiental del proyecto. Planificar ambos trámites en paralelo desde el inicio es la palanca que más reduce el plazo total hasta la puesta en servicio.

Los plazos legales están fijados en la Ley 21/2013 y en la normativa autonómica, pero el plazo real depende de tres factores: la calidad técnica del estudio presentado, el número de administraciones consultadas y la existencia de requerimientos de subsanación. Los ciclos de campo condicionan además el calendario, porque determinados inventarios de fauna y flora exigen cubrir un ciclo anual completo.

El seguimiento del programa de vigilancia ambiental fijado en la resolución, con informes periódicos al órgano ambiental; la gestión de residuos, incluidos los peligrosos asociados a baterías, equipos electrónicos y aceites; el control de emisiones y de ruido; y, cuando resulte exigible o se asuma de forma voluntaria, el cálculo y la verificación de la huella de carbono.