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La Ley 5/2026 convierte la conformidad del Ayuntamiento en requisito previo e ineludible a la tramitación ambiental para proyectos en Castilla-La Mancha, lo que obliga a los promotores a abrir un nuevo frente de gestión antes de llegar al órgano ambiental.
La Ley 5/2026, de 16 de julio, de modificación de la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha ha entrado en vigor el 24 de julio de 2026 y convierte la conformidad del Ayuntamiento en requisito previo e ineludible a la tramitación ambiental para proyectos en la región, obligando a los promotores a abrir un nuevo frente de gestión antes de llegar al órgano ambiental.
Un cambio de reglas que ya está en vigor
Su finalidad declarada es dar más participación a los Ayuntamientos para que puedan decidir qué proyectos pueden ser desarrollados en sus términos municipales, atendiendo a criterios sociales, económicos y medioambientales. El mecanismo es sencillo en su formulación y de gran alcance en sus efectos: antes de que el expediente llegue al órgano ambiental, el Ayuntamiento debe pronunciarse. Y ese pronunciamiento puede detener la tramitación.
Qué exige la ley según el papel del Ayuntamiento
La ley distingue dos situaciones que merecen atención separada.
Cuando el Ayuntamiento es el órgano sustantivo
La norma es tajante: tanto en el procedimiento ordinario como simplificado, deberá adoptarse acuerdo por Pleno de la Corporación Municipal en el que conste que ha sido informado el proyecto y presta la conformidad para su tramitación (arts. 37.5, 39.3 y 52.4). Si el Pleno no otorga esa conformidad, el acuerdo deberá estar debidamente motivado y la tramitación no continuará, salvo que el proyecto sea declarado inversión estratégica por Acuerdo del Consejo de Gobierno.
Cuando el Ayuntamiento no es el órgano sustantivo
La reforma introduce un mecanismo de distinto alcance según el procedimiento:
En el procedimiento simplificado (art. 53.2), el municipio donde se ubique la actuación debe ser consultado obligatoriamente y deberá adoptarse acuerdo por el Pleno de la Corporación acreditando que ha sido informado del proyecto y presta su conformidad. Este acuerdo tiene carácter vinculante para el órgano sustantivo: si la certificación municipal es de no conformidad, el órgano ambiental dictará resolución de finalización del procedimiento, salvo declaración de inversión estratégica por el Consejo de Gobierno.
En el procedimiento ordinario, en cambio, la Ley 5/2026 no introduce un mecanismo equivalente: la exigencia de conformidad plenaria vinculante solo aparece en el art. 37.7, que regula las actuaciones previas potestativas (solicitud del documento de alcance del estudio de impacto ambiental), previas al inicio formal del procedimiento y de uso no obligatorio para el promotor.
En todo caso, cuando el Pleno da luz verde, el Ayuntamiento debe remitir al órgano ambiental el certificado del acuerdo plenario, un informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico vigente y un informe sobre la afección socioeconómica del proyecto y sus efectos sinérgicos, con expresa indicación de las actividades relevantes del municipio que pudieran resultar afectadas. Estos informes deberán ser emitidos por los técnicos competentes de que dispongan los Ayuntamientos.
La disposición transitoria: suspensión de los procedimientos de Declaración de Impacto Ambiental en curso
La ley incluye una disposición transitoria que suspende la tramitación de los procedimientos de Declaración de Impacto Ambiental en curso desde su entrada en vigor, por un plazo máximo de doce meses, hasta la presentación de la documentación indicada en los artículos 37.5, 37.7, 39.3, 40.1, 52.4 y 53.2. Transcurrido ese plazo, se aplicará lo establecido en los citados artículos.
El plazo de doce meses es ajustado: es el tiempo disponible para resolver un trámite que no tiene agenda predeterminada y que depende de la capacidad técnica y administrativa de cada Ayuntamiento para valorar el proyecto, convocar el Pleno y, en su caso, elaborar los informes que la ley exige a sus técnicos competentes, circunstancia que puede variar significativamente de un municipio a otro.
La interlocución temprana como factor de éxito en la tramitación
Un procedimiento de evaluación ambiental sigue una lógica técnica y jurídica: plazos y documentación reglados, criterios objetivables. El pronunciamiento del Pleno municipal responde a una lógica distinta: incorpora una valoración directa del territorio desde el propio municipio, con un conocimiento de las dinámicas locales y de los efectos sinérgicos sobre actividades preexistentes que difícilmente queda recogido en su totalidad en la documentación presentada por el promotor.
Iniciar la interlocución municipal una vez cerrada la documentación ambiental reduce significativamente el margen de maniobra del promotor: el proyecto está definido, modificar la localización es más difícil y las condiciones de negociación son mínimas. Adelantar el contacto a las fases iniciales, cuando todavía existe margen para incorporar condicionantes locales y ajustar la caracterización socioeconómica, es la forma más eficaz de garantizar que el pronunciamiento municipal no se convierta en un cuello de botella a lo largo del procedimiento. Eso requiere conocer el contexto territorial y las actividades relevantes del municipio antes del primer contacto formal; preparar una caracterización socioeconómica sólida y adaptada a la realidad local; y anticipar los elementos técnicos que el Ayuntamiento necesitará para elaborar sus propios informes de compatibilidad urbanística y afección socioeconómica.
Una conformidad plenaria bien fundamentada no es el resultado de presentar documentación: es el resultado de un proceso de información y diálogo técnico previo y suficiente.
¿Qué supone esta reforma para tu proyecto?
La Ley 5/2026 no añade un trámite más a la evaluación ambiental en Castilla-La Mancha: incorpora un requisito previo de naturaleza diferente, con efectos jurídicos que en todo caso condicionan la continuidad del procedimiento. Para los promotores con proyectos en la región, la gestión municipal pasa a ser tan determinante como la propia evaluación ambiental, y debe abordarse con la misma anticipación y rigor técnico.
Cabe señalar que la Ley 5/2026 es una norma de muy reciente entrada en vigor que presenta ambigüedades interpretativas relevantes, particularmente en lo relativo al alcance del mecanismo de conformidad plenaria en el procedimiento ordinario cuando el Ayuntamiento no actúa como órgano sustantivo. Es previsible que su aplicación práctica genere criterios interpretativos por parte de la Administración Pública, que podrían matizar o desarrollar su alcance. Este análisis complementa el marco general que ya recogíamos en nuestro artículo sobre la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Cómo acompañamos a los promotores ante la Ley 5/2026
En Ideas Medioambientales acompañamos a promotores en esta interlocución: análisis del contexto territorial y las actividades relevantes del municipio, apoyo en la preparación de la documentación técnica que el Ayuntamiento necesita para poder pronunciarse, y asistencia en el seguimiento del proceso hasta la obtención de la conformidad plenaria. Si tienes un proyecto en Castilla-La Mancha y necesitas evaluar cómo afecta esta reforma a tu planificación, contáctanos.
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